CARVA

Quienes somos

Historia

En el año 2.003 se dicta y promulga la Ley 25.761, disponiendo un régimen legal especial para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes.
Esta disposición da origen al Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC). El objetivo principal de dicha ley fue evitar hechos ilícitos tales como el robo de vehículos y la venta ilegal de autopartes.
A través de esta legislación se establecía la obligatoriedad para los desarmaderos de inscribirse en el R.U.D.A.C, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, y cumplir con las  normativas sancionadas para seguir desarrollando sus actividades comerciales.
Luego de un tiempo de su implementación,se comprobó que dichos objetivos no se lograron, ya que, los delitos vinculados a automotores aumentaron de manera significativa, en tanto y en cuanto se restringió la venta de repuestos usados, y el número de los desarmaderos que se inscribieron en el RUDAC fue muy reducido. En comparación, los desarmaderos no inscriptos que existen actualmente en ejercicio han aumentado en número.

 

Creación y Objetivos

El 25 de Septiembre de 2.017 nace la Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes (Ca.R.V.A.) integrada por los recuperadores y comercializadores de repuestos reutilizables del país inscriptos en la Ley 25.761.
El objetivo de la Cámara es velar por los intereses de todos los desarmaderos y comerciantes inscriptos. Generando un espacio de dialogo entre las autoridades que tienen a su cargo la aplicación de la Ley 25.761, y las empresas adheridas a la misma. Para que, desde la experiencia, el asesoramiento y el conocimiento técnico pujen en pos de lograr la mejora continua del marco regulatorio, y que promueva el crecimiento de la actividad lícita,y evitar el incremento de la actividad delictiva.

 

Principios y Fundamentos

– A lo largo y ancho del mundo la actividad de desarme de vehículos y recuperación de autopartes se desarrolla plenamente, reduciendo el costo de mantenimiento de los vehículos, y por ende posibilitando un parque automotor más seguro y confiable. Se evita la fabricación constante de nuevas piezas, que ya existen para satisfacer el mercado, y en consecuencia, se minimiza el impacto ambiental producto de la actividad industrial.

– Todas las empresas asociadas apuestan diariamente a nuestro país generando empleo genuino. Esta situación provoca nuestra preocupación en virtud de que solamente se encuentren inscriptos 46 desarmaderos y 102 comercializadores de repuestos usados, en el correspondiente registro. Este dato de la concreto dista mucho de la realidad nacional, que nos encuentra con más de 50.000 desarmaderos o talleres
trabajando al margen de la ley.

– Las acciones de contralor llevadas adelante por el Estado a través de diferentes organismos, alientan la clandestinidad, castigando directamente a aquellos que día a día intentan llevar a adelante una actividad comercial, que en la mayoría de los casos tiene una larga tradición familiar.

– Parte de esto se sustenta en la forma misma en la que se controla las empresas inscriptas, partiendo de mega operativos y publicidad de carácter político, con allanamientos que arrojan solamente faltas  administrativas en algunos casos. Ante el interrogante de porqué estos controles se limitan únicamente a los comercios inscriptos en el registro, la respuesta siempre ha sido la misma: la orden es controlar únicamente a los desarmaderos inscriptos. Esto evidencia una desigualdad jurídica ante la ley castigando a quienes cumplen.

– Todo aquello que procure una mejora en la técnica jurídica de la ley,que permita hacerla más práctica y menos teórica, tiene un efecto directo en la reducción del delito. Y por consiguiente esto se traducirá en mayores posibilidades de desarrollo, trabajo digno y legalidad en el ejercicio de la actividad logrando que el número de inscriptos sea más representativo de la realidad.